viernes, 1 de noviembre de 2013

Mirar para cuidar

Desde el INDUCAM, reafirmando nuestro genuino compromiso de contribuir al cuidado del presupuesto familiar, desde su inicio apoyamos el acuerdo de precios consolidado entre la Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación y las grandes cadenas de supermercados nacionales.
Una de nuestras tareas fundamentales ha sido el concientizar a los consumidores sobre la necesidad de asumir el protagonismo en el seguimiento de dicha medida, informando cualquier variación que pudieran observar en los precios acordados entre los 500 productos de consumo masivo. En tal sentido, ante la advertencia de falta de alguno de dichos productos y/o incumplimiento inmediatamente se informó a la autoridad competente y con su intervención, los supermercados han corregido sin dificultad cualquier irregularidad que se planteara.
El nivel de participación y compromiso alcanzado en la comunidad, refleja la consolidación de las políticas públicas de inclusión a través de las cuales cada uno de nosotros fuimos, somos y seremos los guardianes de nuestros propios derechos, a través de la iniciativa del “mirar para cuidar”.
A la fecha no nos consta que exista una fecha cierta de finalización del acuerdo de precios  el cual, cuanto menos,  se extenderá hasta fin de año.
A fuerza de ser absolutamente justos debemos resaltar, que por primera vez desde la presente gestión, el Estado ha estado presente en todo momento para preservar los derechos de los consumidores, especialmente para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, la mesa familiar y, fundamentalmente, para poner freno a los arteros avasallamientos de los grandes poderes económicos que durante décadas vulneraron sistemáticamente nuestros derechos.
Nuestra realidad de hoy nos permite transitar el camino del mejoramiento y desarrollo de los derechos de los consumidores y usuarios, y sobre todo, de la información certera y veraz fortaleciendo la participación de todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad.


IRMA RAMONA MONTES                  SANDRA MERLO

           Presidenta                                      Secretaria

De qué lado estás

LO IMPORTANTE VER SIEMPRE QUÉ ELEGÍS Y,
FUNAMENTALEMTE,
DE QUE LADO ESTÁS
Las Asociaciones abajo firmantes genuinamente comprometidas con la defensa de los derechos de los consumidores a quienes representamos,  respaldamos y celebramos el lanzamiento de la tarjeta SuperCard impulsada por la Secretaría de Comercio Interior e implementada mediante un acuerdo celebrado con las grandes cadenas de supermercados, con el firme propósito de reducir el costo financiero que recae en los comercios, que del 3 por ciento actual pasará a ser de 0,75 por ciento en las transacciones que se realicen con este plástico.
La trascendencia de esta medida se centra en el hecho insoslayable de que una vez más desde el Estado Nacional se impulsa el fortalecimiento de las políticas de inclusión social tendientes a que cada vez sean más los sectores que accedan al consumo, con más y mejor empleo e incentivando los procesos productivos.
Estos son los legítimos derechos que desde nuestra creación nos hemos propuesto respaldar, tal como lo establece la Ley 24240 y nuestros respectivos objetos sociales y JAMÁS defenderíamos los espurios intereses de aquellos que hacen de la especulación financiera el eje de sus acciones en detrimento de los consumidores.
Hoy, más que nunca, no es tiempo de tibios. Es importante ver siempre qué elegimos y, fundamentalmente, de qué lado estamos.
Es por ello que, desde el momento que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor nos convocara a todas las Asociaciones de Defensa del Consumidor para anunciarnos el lanzamiento de la tarjeta Supercard, no sólo no hemos ofrecido objeciones al respecto sino que apoyamos la medida como un instrumento más que contribuya a cuidar los bolsillos de las familias argentinas.
La tarjeta será gratuita para los consumidores y la obtendrán presentando el DNI y factura de servicio público a cargo del beneficiario. Los consumidores tendrán una tasa de financiación del 22 por ciento anual con un límite de compra de 3000 pesos y un límite de crédito de 1000 pesos.
La SuperCard, con su creación, contribuye a transferir recursos al mundo del consumo y consecuentemente del pleno empleo y la producción sustrayéndolos a la especulación financiera absolutamente contrarios a los intereses de los consumidores a quienes representamos.
Las Asociaciones abajo firmantes, YA ELEGIMOS, DECIDIMOS ESTAR DEL LADO DE LA GENUINA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Dra. Sandra Merlo

INDUCAM

domingo, 28 de abril de 2013

Nos vamos sacando las caretas


El Instituto de Defensa del Usuario y Consumidor manifiesta su enérgico repudio a los hechos de violencia perpetrados por la fuerza de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos contra las personas con padecimiento mental allí internadas, trabajadores de la salud, legisladores y periodistas. El hecho constituye una situación de gravedad institucional inusitada que requiere la inmediata respuesta de las autoridades responsables, lo que hasta el momento no se ha producido.
En una nueva muestra de flagrante ineptitud para la gestión pública, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió “avasallar” los derechos de las personas usuarias y trabajadores del Hospital Borda que se oponían a la demolición del Taller Protegido N° 19. El inexplicable y brutal accionar de la fuerza de seguridad porteña generó más de 40 heridos de gravedad y al menos siete personas detenidas, incrementando así la violencia ejercida en una institución donde históricamente se ha segregado a personas con padecimientos mentales bajo el pretexto de brindarles un tratamiento adecuado.
Paulatinamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deja al descubierto los verdaderos ejes de su gestión,  con la creciente represión y criminalización de los conflictos sociales en el ámbito de la ciudad. La escalada de violencia desmedida por parte de la Policía Metropolitana comenzó con la represión de la toma del Parque Indoamericano en 2010. Continuó, más recientemente, con el ataque a los manifestantes de Parque Centenario en enero de este año y el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín en marzo, donde incluso hubo fotógrafos y trabajadores de prensa heridos con balas de plomo. En todos estos casos, el gobierno porteño privilegió las respuestas más violentas frente a situaciones de conflicto, desechando canales de diálogo y la búsqueda de una salida negociada.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desconoce el cambio de paradigma que introduce la Ley de Salud Mental al establecer que las políticas públicas en la materia deben reorientar sus recursos a la atención comunitaria y promover acciones que garanticen la inclusión social de las personas que han sido excluidas del ejercicio de derechos fundamentales.
Es evidente que la inclusión social, de modo alguno, constituye un eje a considerar en la gestión del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto, el INDUCAM exige que el gobierno porteño asuma la responsabilidad política por estos lamentables hechos y por su falta de interés por la defensa de los derechos de los más vulnerables.


Dra. SANDRA MERLO 
INDUCAM Instituto de Usuarios y Consumidores del Área Metropolitana

miércoles, 24 de abril de 2013

Quiénes defienden a los consumidores

CURIOSA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DEFENDIENDO EL STATU QUO o
EL ARTE DE USAR A LOS CONSUMIDORES Y QUE NADA CAMBIE

Hace años que las corporaciones mediáticas y económicas, a través de medidas cautelares y más allá de toda racionalidad, obtienen interrupciones eternas de los actos de gobierno, burlándose así de la voluntad democráticamente expresada de los sectores populares y, por supuesto, esquilmando a sus clientes.

Baste mencionar el reiterado incumplimiento de Cablevisión que sigue embolsándose millones de pesos de los usuarios, pese a las decenas de pronunciamientos judiciales en todo el país que le han dado la razón a los consumidores. Con cinismo, la empresa opone la única medida cautelar de la Cámara Federal de Mar del Plata otorgada a una cámara de cables, que no da ningún paso para resolver el tema de fondo sino que simplemente mantiene el statu quo de los negocios del grupo monopólico.

Hay otros ejemplos, las trabas puestas al cumplimiento integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por el Grupo Clarín que no se resigna a disminuir su poder de fuego mediático equiparándose con el resto de los grupos, o los diez años de no pagar impuestos del diario La Nación.

La realidad es que, en el orden nacional, no existen hasta el momento normas que específicamente regulen las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. Por el contrario, un análisis del derecho público provincial permite verificar que todas las provincias argentinas han dictado normas específicas relativas a dichas medidas contra las autoridades públicas.

Es insólito sostener que el establecer que la medida cautelar no puede superar los 6 meses, como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo, pueda afectar en alguna medida los derechos de los consumidores, máxime cuando la ley expresamente resguarda la protección directa de los sectores socialmente vulnerables, y aquellos casos en los que se encuentren comprometidos la vida digna, conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. En  idéntico sentido ya se ha pronunciado la CSJN, G. 456. XLVI; REX "Grupo Clarín y otros S.A. s/Medidas cautelares", del 5 de octubre de 2010; afirmando claramente que la cautelar no puede exceder plazo razonable.

La democratización de la justicia es no sólo un imperativo institucional sino una necesidad concreta de las transformaciones y ampliaciones de derecho que se están desarrollando en la Argentina y que, a medida que avanzan, encuentran como en la física una resistencia cada vez mayor.

Las superficiales críticas de  ciertas asociaciones de consumidores a la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo que está siguiendo el correcto trámite de debate y resolución en el Poder Legislativo de la Nación, resultan sospechosamente coincidentes con las esgrimidas por los partidos enfrentados al gobierno que se han abstenido de concurrir a debatir ideas en el ámbito correspondiente y con la postura de alguna diputada que pretende prescindir de su responsabilidad republicana y como pierde la votación incita a impedir el funcionamiento democrático del Parlamento.

Los proyectos apuntan a la transparencia, que es una aspiración del movimiento de consumidores. Para eso serán de información pública no sólo las declaraciones juradas de los funcionarios del Ejecutivo sino de todos los poderes, se establecerá la publicidad de los trámites judiciales y el ingreso a la carrera judicial por concurso y no por recomendación de parentesco.

Por otra parte, se establece un mecanismo que saque de la parálisis al Consejo de la Magistratura, demandando que también se transparenten qué valores defiende cada uno de los consejeros –responsables de juzgar y seleccionar a los jueces-, quienes, para aspirar al cargo, deberán participar de elecciones libres con el voto popular.

El Pueblo, a través de sufragio universal, será quien elija a todos los representantes de los sectores que conforman el Consejo de la Magistratura. En consecuencia, se convocará a elecciones judiciales democráticas para representantes de los estamentos de Jueces, Abogados y Académicos o Científicos, dado que los restantes ya gozan de legitimidad democrática de origen. Los académicos o científicos que serán candidatos provendrán de diferentes ciencias, para propiciar un consejo de la magistratura interdisciplinario, con pleno sentido social y no uno corporativo de los abogados.

En este sentido la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura establece mecanismos para que de una vez por todas se cumpla el art. 114 de la Constitución Nacional, en cuanto a que el Consejo es quien tiene a cargo la administración y la superintendencia del Poder Judicial.

El tema del pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces está a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no necesita leyes adicionales. El Poder Ejecutivo, que mantiene la independencia, espera la resolución de quien corresponde aunque no oculta su punto de vista.

La única verdad es la realidad. Palabras, por más bonitas que sean, no sustituyen los hechos. Los consumidores argentinos hemos encontrado en los últimos diez años, por primera vez en décadas, un cauce de defensa de nuestros derechos porque son constitutivos del proyecto de país: trabajo, consumo popular y producción nacional, para consolidar un mercado interno que es lo único que asegura que los derechos de los consumidores no sean una entelequia o un pretexto para el negocio de pocos sino una democratización del acceso a los derechos para nuestro pueblo.

 

Dra. SANDRA MERLO 

INDUCAM Instituto de Usuarios y Consumidores del Área Metropolitana



 

martes, 5 de febrero de 2013

Los precios en su sitio

En nuestro carácter de asociación de defensa del consumidor genuinamente comprometida con el cuidado del presupuesto familiar celebramos con beneplácito el acuerdo llevado a cabo entre la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y las grandes cadenas de supermercados nacionales a través del cual estas últimas van a mantener los precios de todos sus productos vigentes al 01/02/2013 y hasta el 01/04/2013.
INDUCAM recomienda a las amas de casa ser las principales protagonistas de esta valiosa iniciativa y para ello conservar los comprobantes de todas las compras que realicen a partir del 01/02/2013, informando cualquier variación que pudieran observar en los precios vigentes.
En esta instancia resultará de suma utilidad para los consumidores el sitio creado por el gobierno nacional www.preciosensusitio.gob.ar que les permitirá no sólo comparar precios en su barrio sino además, detectar cualquier modificación que pudiera producirse en los mismos durante el período acordado.
Desde ya acompañamos con nuestro compromiso las políticas de inclusión y equidad del Estado Nacional tendientes a proteger el trabajo y el bolsillo de todos los argentinos.


Dra. Sandra Merlo
      Secretaria
     INDUCAM

jueves, 19 de julio de 2012

COMPREMOS LECHUGA CAPUCHINA Y NO CRIOLLA POR ESTOS DÍAS

El INDUCAM junto con diversas asociaciones de Defensa del Consumidor sugerimos a los consumidores COMPRAR LECHUGA CAPUCHINA Y NO CRIOLLA POR ESTOS DÍAS ya que por las heladas y la estacionalidad la lechuga criolla está teniendo un precio desmedido.
Siempre es una conducta recomendable para los consumidores el sustituir lo que por estacionalidad u otro motivo presente un precio inadecuado.
La lechuga capuchina está en el orden de los $3 el kg y es de excelente calidad, tanto es así que es la especie elegida por grandes restaurants y cadenas de hamburguesas.

Dra. Sandra Merlo
Abogada Especialista en Derecho del Consumidor

miércoles, 11 de julio de 2012


EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE CABLEVISION DEL 13/06/2012 Y DESDE LA PLENA CONVICCIÓN DE QUE UNA NACIÓN MÁS JUSTA LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS, LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
 HACEMOS SABER A LA CIUDADANÍA
QUE
UNA VEZ MÁS
CABLEVISIÓN MIENTE

1.   MIENTE CABLEVISIÓN cuando dice que su intención es “fortalecer el diálogo” con las Asociaciones de Consumidores, mientras motorizan estrategias persecutorias contra los usuarios que abonan los $ 123 fijados por la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior para el servicio de televisión por cable. Queda claro que la empresa no sólo no ha acatado la medida de cese decretada por la Justicia, sino que, además, ha instado trámites de mediación persiguiendo el cobro de las diferencias no abonadas por usuarios que pagaron de acuerdo a la normativa vigente.
2.   MIENTE CABLEVISIÓN cuando persiste en su falaz argumento que la potestad tarifaria de la empresa ha sido ratificada por fallos de las Cámaras Federales y omite maliciosamente dar cuenta de las innumerables resoluciones judiciales que no sólo la obligan a ajustarse a la tarifa fijada por la Resolución 50, sino que la conminan a la devolución a los abonados de lo cobrado indebidamente en múltiples jurisdicciones de todo el país. Maliciosamente omite informar que le ha sido impuesta la suma de 75.000 pesos diarios en concepto de condena conminatoria pecuniaria por cada día de incumplimiento de las medidas preventivas que la obligan a cobrar un abono básico de 123 pesos.
3.   MIENTE CABLEVISIÓN cuando esgrime confusos argumentos técnicos para justificar la inadecuación de la grilla de canales conforme lo establece la Ley 26.522.
4.   MIENTE CABLEVISIÓN cuando afirma que la inadecuación de la grilla es para no afectar los derechos de los usuarios, cuando de hecho en los últimos años han realizado innumerables modificaciones y reordenamiento de canales, sin consultar a los abonados agregando y/o sacando canales sin notificación previa a los clientes.
5.   MIENTE CABLEVISIÓN cuando niega brindar falsa información a sus clientes, toda vez que ante la consulta sobre los motivos por los cuales no cobran los $ 123 que determina la normativa vigente la empresa, en una actitud absolutamente artera y mendaz, informa que la norma ha sido declarada inconstitucional por la Justicia. Cabe destacar en esta instancia que la cuestión de fondo no ha sido resuelta aun en los estrados judiciales.
6.   MIENTE CABLEVISIÓN cuando niega llevar adelante políticas predatorias en el interior del país,  Actualmente, las cooperativas no pueden prestar el servicio de cable en aquellos lugares donde opera Cablevisión ya que ofrece el cable a un precio por debajo de su costo para desplazarlas del mercado local.

LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES COMPROMETIDAS CON LA GENUINA DEFENSA DE LOS DERECHOS  DE LOS USUARIOS POR ESTE MEDIO PROCURAMOS PRESERVAR EL LEGÍTIMO DERECHO DE INFORMACIÓN DE TODOS Y TODAS Y POR ELLO

EXIGIMOS



1.   El inmediato cumplimiento de las Resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior que establecen el precio del servicio de televisión por cable y proceda a cobrar a los usuarios $ 123.- conforme lo determina la normativa vigente.
2.   Que se abstenga de realizar todo tipo de reclamos y acciones tanto judiciales como prejudiciales respecto de aquellos usuarios a los que se le hubiera iniciado alguna de tales acciones como consecuencia de haber abonado “en tiempo y forma” la tarifa legal establecida por la Secretaría de Comercio Interior, en lugar de la impuesta unilateralmente por vuestra empresa, toda vez que la cuestión de fondo aun no ha sido resuelta por la Justicia.
3.   Que se abstenga de obstaculizar los pedidos de baja de servicio de los usuarios, procediendo a dar inmediato curso a los mismos conforme a derecho.
4.   Que se abstenga de brindar información inexacta a los usuarios indicando que la Justicia ha resuelto la cuestión de fondo en lo referido a la fijación del precio de la televisión por cable, toda vez que no existe pronunciamiento alguno sobre el particular y, SI existen numerosas resoluciones judiciales a lo largo y lo ancho de todo el país que la obligan a cobrar a los abonados los montos establecidos por las Resoluciones de la Secretaría Interior.
5.   Que disponga su grilla tal cual lo establece el artículo 63 de la Ley 26.522. Así, vuestra empresa debe ordenar los canales según su género, como lo establece la citada norma. Debe además, incluir al canal de noticias CN23, el infantil Paka Paka, Telesur, Incaa TV, entre otros y reunir las distintas señales televisivas por su contenido como infantiles, educativos e informativos en forma correlativa y dar prioridad a las señales del Estado como así también a las señales locales, regionales y nacionales.
6.   Que ponga fin a las políticas predatorias implementadas en el interior del país, colocando el precio de los abonos por debajo de su costo en perjuicio de las Cooperativas y con el sólo fin de eliminarlas del mercado.

INDUCAM  
Instituto de Usuarios y Consumidores del Area Metropolitana
Dra. Sandra Merlo